El derecho al olvido: por qué los supervivientes de cáncer no deben pagar dos veces
Kinga Wójtowicz, directora de Sanidad de la UE en RPP Group, en nombre de EDACS (Ending Discrimination Against Cancer Survivors)
En la primera conferencia de Lung Cancer Europe, celebrada en Viena la semana pasada, nuestros miembros asistieron a una impactante ponencia a cargo de Kinga Wójtowicz, directora de Sanidad de la UE en RPP Group, en nombre de EDACS (Ending Discrimination Against Cancer Survivors). La sesión puso de relieve una cuestión que afecta a millones de personas en toda Europa: ¿qué les ocurre a los supervivientes de cáncer cuando intentan acceder a una hipoteca, contratar un seguro o planificar su futuro financiero?
Para demasiadas personas, la respuesta es la discriminación.
El cáncer ya no es una sentencia de muerte, pero la supervivencia tiene un precio
Gracias a décadas de avances médicos, la mortalidad por cáncer ha disminuido significativamente desde 1980. Cada vez son más las personas que sobreviven al cáncer. Sin embargo, tal y como quedó claro en la presentación de Kinga, la supervivencia debe ir acompañada de derechos económicos. Con demasiada frecuencia, no es así.
Los supervivientes de cáncer de toda Europa se enfrentan a primas de seguro más elevadas, a denegaciones de solicitudes de préstamo y a la exigencia de revelar su historial médico, mucho tiempo después de haber recibido un tratamiento satisfactorio. Tal y como lo plantea EDACS: los pacientes con cáncer no deberían tener que pagar dos veces.
Este es el problema que el «derecho al olvido» (RTBF) pretende resolver. Tras un plazo determinado desde el final del tratamiento —y siempre que no se haya producido una recaída—, los supervivientes ya no están obligados a revelar su historial oncológico al solicitar productos financieros. Su pasado queda, legalmente, en el olvido.
La iniciativa EDACS: impulsar la creación de un marco armonizado
EDACS fue fundada por la profesora doctora Françoise Meunier, vicepresidenta de la Real Academia Belga de Medicina, quien lleva años impulsando esta cuestión para que ocupe un lugar prioritario en la agenda política europea. La iniciativa actúa en múltiples frentes:
Participación en el ámbito normativo: colaboración con los responsables políticos de la UE, los eurodiputados y los políticos nacionales para integrar el principio «RTBF» en la legislación sobre salud y crédito al consumo.
Consultas públicas: contribuir activamente a la elaboración de la legislación sobre el «RTBF» en cada país
Creación de redes: poner en contacto a defensores, expertos jurídicos y organizaciones de pacientes de toda Europa
Visibilidad internacional: dar a conocer el tema en las principales cumbres sobre salud y en los medios de comunicación
Organización de eventos, incluida una conferencia de alto nivel que se celebrará durante la Presidencia belga del Consejo de la UE en 2024
Entre los hitos clave ya alcanzados se encuentran la inclusión del RTBF en el Plan Europeo para la Lucha contra el Cáncer (2021), la Misión de la UE contra el Cáncer (2021) y la Directiva sobre crédito al consumo (2023). El objetivo pendiente —una legislación europea armonizada y vinculante— aún está por conseguirse.
¿En qué situación se encuentra Europa hoy en día?
El panorama nacional es desigual, y esa desigualdad es, en sí misma, parte del problema. A principios de 2026:
Diez Estados miembros de la UE cuentan con legislación específica, con plazos y condiciones que varían de un país a otro: Francia, Bélgica, los Países Bajos, Malta, Portugal, Rumanía, España, Chipre, Italia y Eslovenia. Francia fue la primera en tomar medidas, ya en 2016; Malta aprobó su ley tan recientemente como en marzo de 2026.
Hay cinco países que cuentan con acuerdos voluntarios o códigos de conducta en lugar de una legislación vinculante: Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y la República Checa.
Hay 12 países que carecen por completo de protección: Austria, Bulgaria, Croacia, Estonia, Finlandia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Suecia.
El impulso está cobrando fuerza en Irlanda, Alemania, Polonia y Luxemburgo, pero que el impulso vaya en aumento no equivale a contar con protección legal.
Los plazos de espera varían considerablemente de un país a otro. Los supervivientes de Bélgica, Francia y España se benefician de un plazo de cinco años; los de los Países Bajos, Portugal, Italia, Chipre y Malta deben esperar diez años. La mayoría de los países ofrecen plazos más cortos para las personas diagnosticadas durante la infancia o la edad adulta temprana.
¿Qué se necesita ahora?
La presentación de Kinga concluyó con un claro llamamiento a la acción. Para avanzar es necesario:
Dar prioridad real a las necesidades no cubiertas de los pacientes con cáncer y los supervivientes en los debates sobre políticas
Voluntad política para aprobar y hacer cumplir las leyes, sin que ello suponga ningún coste para los gobiernos
Compartir y replicar las mejores prácticas entre los Estados miembros, sin tener que volver a inventar la rueda ni poner en peligro la responsabilidad de las aseguradoras
Consultas de seguimiento a largo plazo con profesionales sanitarios especializados para apoyar a los supervivientes
Cómo pueden participar los miembros de Lung Cancer Europe
EDACS es una red abierta, y hay formas prácticas de participar:
Comparte la experiencia de tu país en el ámbito de la RTBF
Colabora con los testimonios de los supervivientes
Utiliza la página web de EDACS como base de datos de recursos
Mantente al tanto de la iniciativa